Por: Wilma Maldonado Arrigoitía
Además del alcalde de Mayagüez, también hizo la petición contra la gerente de Finanzas municipal Yahaira M. Valentín Andrades
El Departamento de Justicia recomendó hoy a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra el alcalde de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez, supo El Nuevo Día.
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, también recomendó la designación de un FEI contra la gerente de Finanzas municipal, Yahaira M. Valentín Andrades.
El referido está relacionado a las actuaciones de ambos funcionarios en el desempeño de sus funciones en el municipio, como también en la corporación Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI).
“La responsabilidad que tiene un funcionario público es tan grande y valiosa, sobre todo cuando es electo por el pueblo que le otorga su confianza, que conlleva una obligación mayor de actuar con rigor y asegurar el uso correcto de los fondos públicos”, expresó el secretario en declaraciones escritas.
Justicia envió a la OPFEI un informe de 188 páginas que contiene la investigación preliminar de la agencia que, según un comunicado de prensa, “concluyó que existe causa suficiente para creer que el alcalde, en concierto y común acuerdo con la gerente de Finanzas del municipio, llevaron a cabo acciones que podrían constituir incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos”.
A ambos se les imputa violar el artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental. También podrían constituir violaciones a los artículos 262 y 264 del Código Penal.
De acuerdo con la investigación, entre 2012 y 2015, la Asamblea Legislativa asignó, mediante resolución conjunta, la partida de $9.8 millones de fondos públicos estrictamente para renovar y mejorar el Centro de Trauma de Mayagüez. Sin embargo, el alcalde y la gerente de Finanzas municipal autorizaron el uso de dichos fondos para realizar transacciones de inversión fuera de la isla. Dicha actuación, contraria a la ley y al mandato legislativo, provocó la pérdida de fondos públicos, explicó Justicia.
Como parte de la investigación, que contó con la colaboración de la Oficina del Contralor y agentes del Negociado de Investigaciones Especiales, se solicitaron y expidieron órdenes de allanamiento a oficinas municipales, a una de las casas del alcalde también utilizada como oficina, cuentas bancarias, teléfonos celulares y cuentas de correo electrónico.
Las órdenes de allanamiento fueron diligenciadas por los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales junto a personal del Instituto de Ciencias Forenses. Además, se entrevistó y tomó declaración jurada a 30 testigos aproximadamente, y se examinaron cientos de documentos.
